La razón de esta suspensión de pagos es el retraso de la financiación pública de los servicios que presta la entidad ASPACE, y que se produce por segunda vez en este año 2023, provocando, primero retrasos en los abonos de las nóminas de junio, julio, extra y agosto y ahora causando de nuevo el retraso indefinido de la nómina de noviembre diciembre y la extraordinaria.

<<ASPACE presta servicios de Atención Temprana, Habilitación Funcional, Centro de Día, Centro Ocupacional y Residencia a un total de 750 personas con discapacidad y sus familias, distribuidas entre Cáceres, Plasencia, Jaraíz, Moraleja, Trujillo y Pinofranqueado, con una plantilla de 200 trabajadores>>.

ASPACE es una entidad privada concertada o subvencionada con la administración pública, de la que obtiene toda la financiación de que dispone para prestar los servicios mencionados. La Administración adeuda a la entidad en torno a un millón de euros que la entidad sostiene mediante préstamos bancarios, que han alcanzado ya el límite de riesgo admitido por las entidades bancarias.
Las familias y las personas usuarias no son conscientes de esta situación porque los trabajadores, sin excepción, siguen cumpliendo con su contrato con el mismo celo, que si percibieran su nómina puntualmente.

<<La Junta Directiva de Padres respalda a los trabajadores en su reivindicación de una solución definitiva para impedir los retrasos de la administración en la financiación de estos servicios que, aunque han llegado a su extremo máximo durante este año, no dejan de producirse en menor medida año tras año>>

No se trata de buscar culpables en la administración de un signo político o del contrario. No queremos que nadie utilice o instrumentalice este escrito, que se hace público con un fin único: Dar a conocer la situación actual y reivindicar las búsqueda de una solución estable a la financiación de estos servicios

Queremos que se adopten soluciones definitivas para que la financiación de los servicios a la discapacidad y a la dependencia tenga la misma estabilidad que la financiación de los servicios gestionados directamente por la administración o de los servicios concertados con sanidad o educación. En estos servicios la administración no incumple los plazos, no falta a su obligación de mantener la liquidez y ningún trabajador deja de percibir su nómina, al contrario de lo que ocurre con las entidades concertadas para la prestación de servicios a personas con discapacidad o dependencia.

<<Las personas vulnerables se hacen así aún más vulnerables>>

La administración admite que la prestación de estos servicios a la Discapacidad y la Dependencia es de responsabilidad pública pero que mayoritariamente, prefiere prestarlos mediante convenios o conciertos con entidades privadas. Somos mucho más rentables.
Nuestra queja no va contra las personas que supervisan la gestión financiera de nuestra entidad o verifican la justificación de gastos, tampoco va contra los funcionarios de un nivel u otro, ni mucho menos contra cargos políticos, aunque todos son conocedores de esta situación. Tampoco criticamos la inactividad del Cermi ni de los sindicatos.

<<Este escrito no va contra nadie>>

Pero sí es una exigencia a todos los que tengan alguna responsabilidad en la financiación de los servicios subvencionados o concertados.
Para empezar, ¿Cómo es posible que la administración pague más por los servicios concertados que por los subvencionados cuando el servicio prestado, el derecho subjetivo de las personas y la acreditación profesional e institucional son los mismos en unos y en otros? ¿Cómo se explica que se mantenga una vía de financiación pública que discrimina a unos ciudadanos frente a otros.?
Porqué en los centros que prestan estos servicios de atención a la discapacidad y la dependencia mediante la gestión directa de la Administración existen cargos y puestos de trabajo que no se financian si la atención es mediante concierto o convenio.?
Porqué la significativa brecha salarial entre profesionales de unos y otros servicios cuando la titulación y el ejercicio profesional es el mismo
¿Porqué no se establece el pago delegado como en otros conciertos?
Les entidades sin ánimo de lucro, comprometidas mediante asociaciones de familias, con la prestación de servicios a las personas con discapacidad están infravaloradas y desprestigiadas por la propia administración que impone un trato discriminativo en lo económico y en laboral. En lo económico, provocando entrelos trabajadores de dichas entidades una inestabilidad e incertidumbre en la percepción de las nóminas y en lo laboral, estableciendo una discriminación económica respecto de sus homólogos en el sector público.
Obligan a las asociaciones de familias a seguir sosteniéndose gracias a la solidaridad social, a la financiación graciable, a la beneficencia.
Sin embargo reconocen “la gran labor” que realizamos en pro de los derechos de las personas con discapacidad y reconocen la responsabilidad pública en el sostenimiento y desarrollo de estas entidades. Entonces, ¿porqué los sueldos de los profesionales de la entidades concertadas o subvencionadas para realizar este trabajo, que le corresponde prestar a la administración pública es menor en estos centros que en los centros públicos?
Llevamos años y años financiados a través de partidas que no están en el presupuesto de la Comunidad, que puede ser variables en función de la disponibilidad, que pueden llegar antes o después.
Desdela propia asociación de familias y el comité de empresa reivindicamos el derecho a una regularidad en la financiación, que garantice una estabilidad económica a los trabajadores y sus familias y una equiparación retributiva con el sector público.
El pago delegado, al que la administración se resiste sin argumentos, resolvería este problema de forma justa y para siempre.

FIRMADO:                                                                                                              FIRMADO:
Narciso Martín.                                                                                                       Belén Franco
Presidente ASPACE Cáceres                                                                                Presidente Comité de Empresa